Escuche al Presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre el asesinato de Lourdes Maldonado dijo que ella pidió protección al mecanismo de estado de Baja California y no al federal, excluyendo de esta manera a su gobierno de la responsabilidad que tiene de dar seguridad a todos los ciudadanos.
Tomando el reto de que texto sin contexto desinforma, ahí les van unos datos:
El mecanismo de atención y protección a periodistas y defensores de derechos Humanos (órgano federal) se creó con base en una ley promulgada el 25 de junio de 2012, desde su inicio contó con muy poca autonomía pues la rectoría la tiene la Secretaría de Gobernación (por eso las manifestaciones en la ciudad de México se centraron en esta dependencia).
En su conformación recibía recursos del gobierno para establecer esquemas de seguridad que se empezaron a replicar en los estados donde se crearon organismos estatales; desde el inicio todos los recursos fueron insuficientes y en su mayoría se limitaban a sacar de los estados a los periodistas amenazados y concentrarlos en la ciudad de México; muchos de ellos regresaron a sus entidades porque no tenían cómo mantener a su familia.
Con la llegada del Nuevo gobierno, se recortaron los recursos que tenía este organismo, pero además mucho de los casos se pasaron a los organismos estatales ya que los recursos no alcanzaban a nivel federal para resguardarlos.
Ahora bien, en cualquier análisis de riesgo que haga un organismo de derechos humano se establece quien es el presunto agresor, en el caso de Lourdes Maldonado es un político, que gobernó BC hasta este 2021, por lógica la vigilancia la tendrían que asumirla el gobierno federal pues Jaime Bonilla era el jefe de la policia estatal.
Cabe señalar que Lourdes Maldonado tenía escoltas y estos la acompañaron a su casa, se retiraron antes de que ella estuviera a salvo.
La ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos establece que puede ser beneficiarias de medidas aquellas que directa o indirectamente la pida; en este caso, la periodista acudió con el titular del ejecutivo y el gobierno federal debería de haber hecho el análisis de riesgo, tomar las medidas de seguridad permanente y en acuerdo con el periodista; en caso de que el nivel de riesgo bajara, iniciar un procedimiento ante la junta de gobierno para justificar cualquier cambio de medida pero esto no sucedió.
El estado tiene como responsabilidad la vida, libertad y seguridad, a todas aquellas personas que en la defensa de los derechos humanos y del periodismo asuman un riesgo, cuando se habla del estado no son solo los mecanismos de protección, sino un conjunto de dependencias que tienen que darles seguimiento a los casos y sobre todo algo que casi no pasa: castigar a los agresores.
En la mayoría de los casos de agresiones a los periodistas están detrás los grupos políticos o económicos (muchos de ellos dueños de medios de comunicación) , no todo es narcotráfico, ni delincuencia común. Los defensores y los periodistas tienen una función social muy importante, son el contrapeso del poder.
Como les gustan los hechos y mi pecho no es bodega ahí les van más datos:
con las tres muertes de reporteros en este año 2022, en los tres años del gobierno actual suman 50 periodistas asesinados; con Enrique peña hubo 47 y con Calderón 48.
Según la Secretaría de Gobernación (Segob), al corte de octubre del 2021 sólo se ha dictado sentencia en 5 casos, es decir, el 9% de las víctimas han “recibido justicia”. En tanto, 7 siguen en judicialización (9%); 33 en fase de investigación (74%), y 2 no tienen ejercicio de la acción penal (4%).(Datos tomados de Articulo 19)
En el 2021, por tercera vez consecutiva, México fue el país más peligroso para ejercer el periodismo y le sigue Afganistán.
Con estos datos Juzgue usted mismo.
Por Sayda Chiñas Cordoba
